La justicia señala a Irán y Hezbolá como responsables del atentado a la AMIA
La Cámara Federal de Casación Penal argentina atribuye al gobierno iraní y a la organización Hezbolá los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA en la década del '90, calificándolos como actos de terrorismo internacional.
En un decisión sin precedentes, la justicia argentina ha arrojado luz sobre uno de los capítulos más oscuros de su historia, apuntando directamente hacia Irán y Hezbolá como los orquestadores de los brutales atentados que sacudieron Buenos Aires en la década del '90. La Cámara Federal de Casación Penal emitió su veredicto tras años de investigaciones exhaustivas, concluyendo que los ataques contra la embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994 fueron meticulosamente planificados y ejecutados por estas entidades.
El juez Carlos Mahiques, quien encabezó el proceso, subrayó la gravedad de las acciones, describiéndolas como actos de terrorismo de carácter internacional. Este fallo representa un paso significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias, así como un llamado a la comunidad internacional para abordar la cuestión del terrorismo con la seriedad que merece.
Hezbolá, previamente implicado en el ataque a la embajada de Israel que cobró la vida de 22 personas y dejó más de 200 heridos, ahora se enfrenta a nuevas acusaciones relacionadas con el atentado contra la AMIA, un acto que dejó un saldo devastador de 85 muertos y 300 heridos, convirtiéndose en uno de los episodios más trágicos en la historia de Argentina. Las revelaciones de la justicia argentina plantean interrogantes sobre la responsabilidad estatal en el patrocinio y ejecución de actos terroristas, así como sobre el papel de las organizaciones extremistas en la geopolítica global.
Esta determinación judicial es un hito en la lucha contra el terrorismo internacional y un recordatorio de la importancia de la cooperación internacional en la prevención y el castigo de tales actos atroces. La verdad y la justicia son pilares fundamentales en la construcción de sociedades democráticas y resilientes, y este fallo representa un paso significativo hacia ese objetivo.
