Tarifazo salvaje en los peajes de la Provincia de Buenos Aires

Así lo denuncia el CONADUV (Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial) en un comunicado

Luego de llevadas a cabo el día 24 de mayo próximo pasado las dos Audiencias Públicas de carácter “no vinculante”, una relacionada con la Autopistas Buenos Aires – La Plata y la otra con el Sistema Vial Integrado del Atlántico, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires autorizó un nuevo tarifazo salvaje de peaje en las concesiones viales de jurisdicción provincial propuesto por la escandalosa empresa concesionaria AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S. A.)

El incremento actual es del 50 % y otro del 40 % en agosto del corriente año, lo que representa un 110 % acumulativo y no 90 % como se viene mal informando.

Es importante destacar que de Agosto 2022 a Agosto de 2023, el aumento será de aproximadamente 700 %.

“Definitivamente se trata de un ajuste recaudatorio solo para beneficiar a la indebida empresa AUBASA y tratar de ir cubriendo el déficit de la misma, ocasionando más perjuicios sociales y económicos a los usuarios viales y a toda la sociedad en su conjunto”, dicen desde CONADUV.

“El CONADUV desea expresar el malestar que ha generado, como ya ha ocurrido en otras oportunidades, la ausencia en las respectivas Audiencias Públicas convocadas, de Legisladores Provinciales, Nacionales por la Provincia, Intendentes y concejales de las distintas localidades servidas por los corredores viales en cuestión. Asimismo, repudiar lo manifestado en los respectivos eventos por el representante de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Sr. Gastón Arias, avalando el tarifazo de peaje, demostrando una clara posición política en defensa del Gobernador Axel Kicillof y un desconocimiento total en la materia, permitiendo que los derechos de los usuarios viales sigan siendo vulnerados y pisoteados. Cabe destacar que AUBASA sólo se limita a cobrar el “falso peaje o impuesto al tránsito”, transformando las estaciones de cobro en una verdadera caja política. Justamente las obras que se han realizado y se realizan, no son con fondos del peaje, sino a través de aportes del Estado Provincial, Nacional o créditos del BID”, agregan desde el comité.

A manera de ejemplo cuentan que “un automóvil terminará pagando a partir de agosto 2023, ida y vuelta, de Capital Federal a Mar del Plata, la suma de $ 4.800. Un camión realizando 20 viajes al mes, ida y vuelta, de Capital Federal a Mar del Plata, al año pagará $ 4.700.000. A esto llaman bajar el costo de transporte?”

“Año tras año, desde el inicio de las concesiones viales en la Provincia de Buenos Aires, y muy especialmente en lo que respecta al Sistema Vial Integrado del Atlántico (Autovía 2 y Ruta Provincial Interbalnearia 11 y conexas), se vienen sucediendo, sin control alguno, escandalosos tarifazos de peaje, abusivos, injustificados, carentes de considerables fundamentos técnicos-económicos.
Con el actual Gobierno que encabeza Axel Kicillof se sigue con la estafa vial y favoreciendo el interés particular de la empresa “estatal” AUBASA, claramente innecesaria, burocrática, costosa y deficitaria, y que encima actúa indebidamente en forma paralela a la Dirección de Vialidad de Buenos Aires (DVBA)”, aseguran desde CONADUV.

“Un tema grave y que nadie toma en cuenta, es que las concesiones viales tienen carácter de “servicio púbico”, y a pesar del tiempo transcurrido no se ha creado un Marco Regulatorio - Ente Regulador que contemple la participación de los usuarios viales directos e indirectos. Nunca fue considerado por los distintos gobiernos de la Provincia de Buenos Aires ni por la Legislatura bonaerense, a pesar de los reiterados pedidos llevados a cabo por parte del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV). Tampoco fue contemplado por la propia Defensoría del Pueblo de la Provincia. Es así que los usuarios viales siguen siendo esquilmados a través del cobro de un “falso peaje o impuesto al tránsito”, claramente inconstitucional e inviable”, dicen.

“¿Cómo es posible que se cobre peaje, si las obras han sido financiadas y lo siguen siendo, por el Estado Nacional y Provincial y por el BID? ¿ Porqué hay que financiar la empresa AUBASA, deficitaria, sumamente costosa, innecesaria y burocrática, que sólo se limita a cobrar el peaje, utilizándola como una caja política y actuando indebidamente en forma paralela a la Dirección de Vialidad Provincial (DVBA) ?”, se preguntan.

“Las concesiones viales en la Provincia de Buenos Aires, tanto para el caso de la Autopista Buenos Aires – La Plata (pasada de la Nación a la Provincia durante la gestión del ex Gobernador Daniel Scioli) como para la Autovía 2 y Ruta 11 y conexas (Sistema Integral del Atlántico) son una estafa vial y gran negociado armado para favorecer a la patria contratista, el nefasto club de peaje y los amigos del poder. En principio COVIARES, COVISUR, CAMINOS DEL ATLÁNTICO Y AUTOVÍA DEL MAR, y actualmente todo en manos de AUBASA (creada en el año 2013) que igual subcontrata a las mismas empresas incumplidoras a las que se les rescindieron los respectivos contratos. Todo fue y sigue siendo con riesgo CERO e inversión CERO por parte de las concesionarias”, concluyen.